El asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez expone la cruda impunidad estructural y la complicidad estatal que asfixian al periodismo en Veracruz. El hallazgo de su cuerpo en Moloacán —24 días después de que un video capturara su violento secuestro en Nanchital— ocurrió únicamente tras la captura federal y delación del líder criminal “Delta 7”, evidenciando la parsimonia de una FGE Veracruz que reaccionó tarde a pesar de las alertas de ARTICLE 19 y CIMAC. La indignación social escaló al revelarse que el caso, inicialmente catalogado bajo sospecha de feminicidio, involucra directamente a cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste procesados por brindar logística y protección a la célula delictiva de “La Hiena” y los operadores “Delta 1” y “Delta 11”, consumando una tragedia anunciada para una comunicadora que ya había sido exiliada en 2017 tras la ejecución de su esposo y que regresó en 2026 para fundar Pulso Informativo del Sureste en el desamparo institucional más absoluto.