En una maniobra de supervivencia política, el Senado de la República sepultó definitivamente la propuesta de adelantar la Revocación de Mandato a 2027, luego de que el PT y sectores del PVEM condicionaran su apoyo a la permanencia del calendario constitucional original. Ante la rebelión de sus aliados, Morena e Ignacio Mier pactaron una salida estratégica: cedieron el protagonismo a Alberto Anaya para que liderara el rechazo al artículo 35 y, a cambio, rescataron una “chiquireforma” administrativa que solo alcanza la reducción de regidurías y el control de sueldos en órganos electorales. Este pacto de unidad evita una fractura pública en la Cuarta Transformación, pero condena la consulta de la presidenta Claudia Sheinbaum hasta el año 2028, dejando el Plan B reducido a ajustes operativos sin el peso político de la boleta presidencial en las elecciones intermedias