El reciente traslado de 29 criminales a EE.UU. fue una decisión del Gabinete de Seguridad, justificada por motivos de seguridad nacional y una solicitud formal del gobierno estadounidense. Aunque se garantizó el apego a la ley y el respeto a derechos humanos, persisten dudas sobre si el procedimiento responde más a presiones externas o a riesgos internos. La FGR negó que fuera una extradición y descartó vínculos con negociaciones comerciales