Tras la recuperación pacífica de las instalaciones de Canal Once por parte de sus propios trabajadores y su directora, Renata Turrent, el Gobierno de México y la Fiscalía iniciaron la evaluación de los daños ocasionados al archivo histórico de la emisora —el cual resguarda más de 70 años de acervo audiovisual— e integraron carpetas de investigación para sancionar a los responsables por posibles delitos contra el patrimonio de la nación, luego de más de tres meses de ocupación ilegal por un grupo reducido de jóvenes