Estados Unidos oficializó la designación de varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, una medida que amplía las facultades del gobierno estadounidense para actuar contra ellos. La decisión, publicada en el Registro Federal, implica sanciones económicas, restricciones migratorias y la posibilidad de operaciones encubiertas. La administración de Claudia Sheinbaum rechazó cualquier acción que viole la soberanía de México, aunque reiteró su disposición a cooperar en el combate al crimen organizado.