El crimen organizado seguirá siendo invencible mientras los actores políticos de todos los bandos, en su afán por quitarle votos al adversario, pretendan achacarle a tal o cual partido una incesante y progresiva gangrena social que desde hace más de doce años tiene al Estado contra la pared, sea cual sea la ideología del gobierno en turno. El proceso degenerativo que nos llevó a esta situación viene de muy atrás, porque la complicidad entre las policías y el narco ya era flagrante desde tiempos de Miguel Alemán, pero ante una emergencia nacional de esta magnitud, las recriminaciones entre partidos salen sobrando, pues la expansión del hampa puede hundirlos a todos y junto con ellos a nuestra joven democracia.
Nada puede justificar la torpeza cometida por el alto mando de la Guardia Nacional en el operativo de Culiacán, pero en estricta justicia, AMLO no es culpable de haber recibido un país en llamas, donde los ejércitos criminales pueden apoderarse de una ciudad en quince minutos. Sí tiene la culpa, en cambio, de arremeter contra los gobiernos anteriores cada vez que su estrategia de seguridad sufre un descalabro. Si tuviera un mínimo de sensatez y apego a la verdad, se abstendría de culpar neciamente a Calderón por haber “pateado el avispero” que encontró al asumir su cargo.
La estrategia de no patear a las avispas, de predicarles el bien o reconvenirlas paternalmente para que dejen las armas, tampoco funciona, aunque López Obrador reparta becas y pensiones por todo el país. Calderón cometió muchos errores en el combate al narco: el principal fue no medir previamente el grado de infiltración del hampa en las policíasestatales, en la federal y en el propio ejército (la DEA sí lo hizo y por eso confiaba sólo en la Marina). Pero el avance arrollador de la delincuencia desde 2012 deja en claro que “la guerra de Calderón” ya era desde entonces la guerra de todos. Al apellidarla machaconamente, AMLO no sólo falsea la historia: confiesa también su incapacidad crónica para gobernar sin tener en mente las lides electorales.
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Hace apenas un mes, la bancada morenista en el senado amenazó con declarar la desaparición de poderes en Tamaulipas y Guanajuato, cuyos gobiernos panistas han sido rebasados por la criminalidad, en represalia porque los diputados del PAN intentaron desaparecer poderes en Veracruz, donde gobierna Morena y sucede exactamente lo mismo. Los capos de los tres estados seguramente festejaron con champaña ese duelo de bravatas. El populismo engreído es copartícipe del caos delictivo y no tiene argumentos válidos para atribuírselo en exclusiva a los gobiernos neoliberales. Por vender candidaturas a puestos de elección popular, el PRD quedó embarrado en la tragedia de Iguala. El gobierno de Peña Nieto empantanó la investigación de la matanza, seguramente para exculpar al jefe militar de la zona, pero en Iguala y en Guerrero gobernaban perredistas a quienes AMLO dio el espaldarazo en sus campañas. Los padrinos de Abarcacomparten la responsabilidad por ese acto de barbarie, como los exgobernadores michoacanos Leonel Godoy y Lázaro Cárdenas comparten con Fox, Calderón y Peña la culpa de no haber frenado a la Familia Michoacana y a los Caballeros Templarios.
Ninguna fuerza política está a salvo de chapotear en este lodazal y por lo tanto, la pacificación del país debería ser un ideal despolitizado, en el que todos los bandos se comprometan a luchar contra el enemigo común. De lo contrario la necesidad de imponer el orden puede abrirle la puerta a un gobierno militar.
Declarada o no, la guerra contra el narco es una espada de Damocles que pende sobre cualquier gobierno. El Estado tiene que librarla como un solo bloque si quiere proteger a la población, pidiendo si es necesario la ayuda de organismos internacionales. Minimizar la guerra, como Peña Nieto, o darla por terminada unilateralmente, como López Obrador, no modifica en absoluto la barbarie cotidiana. ¿Puede confiar el actual gobierno en los mandos de la Guardia Nacional? ¿No se habrá infiltrado ya el narco en ese nuevo cuerpo de seguridad? Todas las mañanas, AMLO arremete “con todo respeto” contra los conservadores y la prensa fifí, pero su principal enemigo es el mismo de Calderón: los criminales encubiertos que pueden estar saboteando las acciones de su gobierno desde puestos clave del organigrama castrense, mientras le juran fidelidad y obediencia. No es una casualidad que la ofensiva delincuencial se haya agudizado a partir del siglo XXI, justamente cuando logramos transitar a la democracia. La alianza de caciques, narcos y jefes militares en varios estados es quizá el último foco de resistencia del antiguo régimen. Ojalá López Obrador tenga suficiente inteligencia para desarticularla, porque si su gobierno fracasa, México se hunde.
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